La CE abre un procedimiento de infracción a España y a otros seis por las emisiones de Volkswagen

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La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento contra España, Alemania, Grecia, República Checa, Lituania, Luxemburgo y Reino Unido por «no poner en marcha un sistema de sanciones para evitar que los fabricantes de automóviles violen la legislación de emisiones o por no aplicarlas cuando se ha producido un quebrantamiento de la ley».»El cumplimiento de la ley es ante todo el deber de los fabricantes de automóviles. Las autoridades de toda la UE deben garantizar que los fabricantes cumplan efectivamente con las normas.

De cara al futuro, la Comisión ha presentado propuestas para introducir una mayor supervisión europea y un sistema de aprobación más sólido. Esperamos que el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen a un acuerdo rápidamente», ha explicado la comisaria Elzbieta Bienkowska, responsable de Mercado Interno, Industria y Pymes de la UE.Tras un buen número de escándalos, la Comisión se ha decidido actuar contra los siete estados miembros, sobre la convicción de que tras hacerse público el fraude masivo por parte de Volkswagen para manipular las pruebas de emisiones, «han fallado a la hora de cumplir sus obligaciones».Según la legislación europea, «los Estados Miembros deben tener sistemas de sanciones efectivos, proporcionados y disuasivos plenamente operativos para evitar que los fabricantes incumplan la ley. Cuando eso ocurre, por ejemplo usando dispositivos trucados para reducir la efectividad de los sistemas de control de emisiones, las sanciones deben ser aplicadas», explica el comunicado publicado esta mañana.

 

Tras constatar que no han querido aplicar la legislación, y no disponen de mecanismos necesarios y obligatorios, la comisaria ha remitido cartas a República Checa, Lituania y Grecia, lamentando que no hayan transpuesto en la legislación nacional las directivas europeas. Igualmente, el procedimiento de infracción contra Alemania, Luxemburgo, España y Reino Unido, que son los países responsables de la aprobación de los coches del Grupo Volkswagen en la UE, se debe a «no aplicar las penalización disponibles pese al uso de dispositivos ilegales y trucados por parte de la compañía».Es decir, que a pesar de que ha quedado demostrada la culpabilidad, los gobiernos han optado por mirar para otro lado y no castigar como corresponde.Además, explica el documento, se incide en el procedimiento en el hecho de que ni Berlín ni Londres han hecho público, a pesar de la petición de Bruselas, «toda la información técnica relacionada con las investigaciones nacionales sobre las posibles irregularidades en las emisiones de NOx en coches del Grupo Volkswagen y otros fabricantes en sus territorios»La carta de notificación es el primer paso de un procedimiento de infracción. Con ellas, Bruselas pide a los gobiernos que den explicaciones y envíen la información necesaria para justificar sus acciones, y la falta de las mismas. Los Estados MIembros disponen de dos meses para responder. Y si no lo hacen, la Comisión pasa al siguiente paso, una «opinión razonada». Los procedimientos pueden terminar en multas para los Estados Miembros. Ahora mismo, la supervisión en el tema de las emisiones está en manos de los Estados Miembros, y varios países, y de forma destacada Alemania, han hecho lo posible en los últimos meses, tras el escándalo de Volkswagen, para que sigue siendo así. Cada supervisor nacional debe asegurarse de que los fabricantes cumplen los estándares europeos, antes de que un modelo pueda ser vendido en todo el mercado único. Y si encuentran infracciones, los responsables deben ser sancionados.

El regular germano, (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) ha constatado que Volkswagen tenía dispositivos trucados que sólo funcionaban bien durante las pruebas de laboratorio. Tras destaparse el caso, en septiembre de 2015, la Comisión Europea pidió a los Estados Miembros que llevaran a cabo todas las investigaciones necesarias para saber el volumen de la infracción y sus consecuencias. Alemania y Reino Unido las enviaron en abril de este año, pero Bruselas quiere todos los detalles para sacar sus «propias conclusiones», porque no está satisfecha. Y no han llegado.

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